Prestadores advierten una situación crítica por atrasos de hasta seis meses y desorganización en la cadena de pagos. Reclaman intervención urgente del Estado.
El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una profunda crisis marcada por la falta de pagos, deudas acumuladas y una creciente incertidumbre entre los prestadores.
Referentes del sector denunciaron que existen atrasos de hasta seis meses y una fuerte desorganización en la cadena de pagos, lo que genera un impacto directo en la prestación de servicios esenciales.
Según señalaron, los pagos no siguen un criterio uniforme: mientras algunos prestadores cobran períodos recientes, otros mantienen deudas desde meses anteriores, lo que agrava la situación financiera del sector.
La consecuencia inmediata es el endeudamiento generalizado. Muchos prestadores debieron recurrir a créditos, vender bienes o solicitar ayuda a familiares para sostener la atención. Incluso se registran centros de día y hogares que enfrentan serias dificultades para continuar funcionando.
La situación es especialmente crítica en instituciones donde residen personas con discapacidad desde hace décadas, en muchos casos sin contención familiar, lo que transforma a estos espacios en su único ámbito de vida.
Además, el sector expresó preocupación por iniciativas que podrían modificar el sistema de financiamiento, como la eliminación del nomenclador único, que actualmente garantiza equidad en los pagos entre prestadores.
Frente a este escenario, los trabajadores y organizaciones reclaman la cancelación total de la deuda y medidas urgentes que aseguren la continuidad de las prestaciones y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
