Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó en el Boletín Oficial durante la tarde ayer, el Gobierno nacional dispuso que los prestadores de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable no podrán cortar servicios hasta el 31 de diciembre próximo.
El primer artículo del DNU dispone que las empresas prestadoras “de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3º, en caso de mora o falta de pago de hasta 7 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020” (el decreto 311, del 24 de marzo pasado, había dispuesto que la prohibición de corte se aplicaba para quienes debían hasta 3 facturas).
Además, el Decreto de Necesidad y Urgencia aclara que la prohibición de corte comprende a “los usuarios con aviso de corte en curso” y establece también que si un usuario accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, “se considerará como una factura pagada”.
El artículo segundo del decreto prorroga el plazo de 180 días que había establecido el decreto anterior de prohibición de corte, “hasta el 31 de diciembre de 2020”.
Por otra parte, en su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica.
La norma también contempla el caso de usuarios del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de “brindar un servicio reducido que garantice la conectividad”.
CONSIDERANDOS
En sus considerandos, el DNU invoca la vigencia de “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” que delegó en el Ejecutivo una serie de facultades, y el decreto 260, que amplió por un año el plazo de vigencia de esa ley a causa de la pandemia de coronavirus.
También señala que la imposición de las medidas de “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” que el gobierno dispuso mediante el decreto 297 y las decisiones posteriores en materia de “distanciamiento” del mismo carácter, hacen necesario “seguir adoptando medidas con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos para la totalidad de los y las habitantes del país”.
El aumento de los combustibles es inferior a la inflación, pero marca una diferencia entre el tratamiento que el Gobierno dispensa a YPF (y las demás petroleras, que “siguen” sus precios) y el que da a los prestadores de servicios de energía, gas y comunicaciones. Para los proveedores de electricidad y gas, además, los combustibles son el eslabón inicial de su cadena de valor. En tanto, los prestadores de internet, telefonía móvil y TV paga tenían libertad para establecer sus precios en un sistema de mercado hasta que el gobierno les cambió, también por decreto, las reglas, declarándolas “servicio público” y congelando el precio de sus servicios, que pasaron así a ser tarifas.