Durante la madrugada de ayer, en la provincia de Corrientes la Gendarmería Nacional, que depende de este Ministerio de Seguridad de la Nación decomisó 52 toneladas de soja que carecía de la documentación respaldatoria para su exportación.
El personal del Escuadrón Santo Tomé de la GNA se desplegó sobre la intersección de las Rutas Nacionales 14 y 120, donde llevó a cabo numerosos y exhaustivos controles vehiculares y de carga, tal como ha ordenado Sabina Frederic respecto de las inspecciones necesarias para neutralizar el delito complejo.
Allí, las y los trabajadores de la Fuerza Federal interrumpieron la marcha de dos tractores, uno con un semirremolque y otro con un acoplado. Al constatar la documentación que llevaban los conductores y su cotejo con la carga que llevaban, las y los gendarmes notaron irregularidades en la documentación necesaria para la exportación de la misma: ésta no especificaba el lugar de origen ni tenía la firma del despachante.
Frente a esta situación, de manera inmediata se le dio intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Posadas, la cual confirmó lo detectado por las y los Gendarmes. Informado sobre la situación, el Juzgado Federal de Paso de Los Libres ordenó el secuestro de las 52 toneladas de soja, de los vehículos utilizados para su transporte y de dos teléfonos celulares. Los conductores, por su parte, fueron supeditados a la causa.
En relación con este tipo de ilícitos, la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación presentó recientemente un informe que muestra que, durante el primer trimestre de 2021, las Fuerzas Federales llevan incautados más de 2.529.000 kilogramos de distintos cereales transportados de manera ilegal o con irregularidades para su comercialización. Esto, según el informe, significa un aumento del 910% en relación con el mismo período en el año 2020 y casi un 3000% si se lo compara con el primer trimestre de 2019.
Los enormes saltos porcentuales, según se desprende del análisis que realizan la DNEC y la Dirección de investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, muestran una transformación radical de las políticas de control y seguridad de parte del Estado nacional y sus Fuerzas Federales a partir de 2020.
Desde el inicio de la gestión de Sabina Frederic, siguiendo las indicaciones del presidente Alberto Fernández, el Estado ha recuperado su papel determinante en el trabajo contra los delitos complejos, es decir, entre otros, contra el contrabando y el tráfico ilegal de alimentos. De allí que la estadística haya revelado una disparada ascendente de significativas dimensiones.
Como parte de las definiciones políticas contra el delito complejo, además, las Fuerzas Federales incrementaron su acción profesional en materia de inspección, revisión y exhaustividad en los controles de las cargas y las documentaciones. En ese marco, es necesario mencionar que tanto el tráfico ilegal de mercancías como el contrabando constituyen formas de ilícitos que, además de afectar la distribución de alimentos e insumos para la producción alimenticia –como son los granos- dañan la recaudación pública.