En medio de una fuerte tensión política e institucional, los jueces supremos de la Nación analizarán si convalidan o anulan la decisión del Senado nacional.
Fue el presidente, Carlos Rosenkrantz quien sacudió el avispero para darle tratamiento a una temática que encendió la curiosidad de la gente y la tensión en la órbita político-institucional. Se convocó para el próximo martes 29, a un cónclave que intentará determinar qué sucederá con los integrantes de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, así como del titular del Tribunal Oral Federal Nº 7, Germán Castelli.
Se debe recordar que en una coordinada acción estratégica entre la titular del Senado, Cristina Kirchner (donde se dio tratamiento expedito) y el del Ejecutivo, Alberto Fernández (que inmediatamente rubricó el decreto) definieron el desplazamiento de los magistrados que atienden las causas de los denominados cuadernos de las coimas K.
Ante ello, los jueces recurrieron al máximo Tribunal de la Nación, desde donde se optó por una tesitura tiempista, propia del organismo que es intérprete final del funcionamiento de la República, que siempre contrasta con la vorágine política.
Sin embargo, este martes, Rosenkrantz pateó el tablero y apeló a una facultad extraordinaria que le confiere el artículo 71 del Reglamento de la Justicia Nacional y que ha sido empleada en pocas ocasiones.
Para muchos, lo hecho fue una jugada tendiente a descomprimir la presión política y social sobre la Corte Suprema. Es que se debe tener en cuenta que el kirchnerismo, a través de Cristina, reprochó alguno de sus comportamientos. Casi de inmediato, las versiones comenzaron a circular por todas partes respecto a una «idea presidencial», de concretar un cambio en la estructura del alto cuerpo judicial y en la cantidad de sus integrantes.
Pero los cuestionamientos no sólo emanaron desde el espectro K. También Cambiemos pataleó ante lo que consideraron una evidente pasividad de los supremos. Sumado a ello, también estuvieron las organizaciones de abogados, magistrados y fiscales que opinaron como más que ineludible que los ministros de la Corte intercedan ante los avances políticos.
A todo ello, y más allá del misil que tiró Rosenkrantz, resta por ver cómo articularán sus análisis de la situación los demás integrantes de la mesa decagonal del Palacio de Tribunales. Los que conocen esos pasillos, describen a las voluntades vigentes como un «rompecabezas».
Es más que oportuno mencionar la vieja disputa entre Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sumada a las presiones oficiales, que impide la formación de mayorías para el dictamen de fallos. No se puede soslayar tampoco la afinidad de Highton de Nolasco hacia Alberto Fernández, a pesar de que quien le permitió continuar en su cargo pese a lo dispuesto en la reforma constitucional del 94, sobre la edad jubilatoria de los jueces, fue Mauricio Macri.
A ello hay que sumar la sorpresiva actitud asumida por Rosatti, quien tras elegir en sendero grisáceo, acompañó el pedido del Presidente del alto Tribunal, lo que provocó una inercia hacia Lorenzetti y Maqueda.
Los números
Hasta ayer de tarde, había dos votos y medio en contra del Gobierno, con Elena Highton del otro lado y Lorenzetti titireteando, en busca de atar el fallo a sus declaradas aspiraciones por volver a la Presidencia del Tribunal. El santafesino Oscar Rosatti, orientado a votar con el Presidente. En tanto el cordobés, Julio Maqueda busca no dejarlo solo a Lorenzetti, de quien siempre fue su puntal estratégico, aunque en esta oportunidad ha establecido límites que pareciera no piensa franquear.
Si finalmente termina volcándose a favor de los jueces, lo más probable es que Lorenzetti termine acompañándolo. Siempre ha estado del lado ganador y ésta no será la excepción, tanto más cuanto la pelea de fondo sigue abierta por la titularidad del Tribunal.
En la Casa Rosada, hay gran expectativa. Está claro que no manejan la Corte, a la que posiblemente hayan subestimado. Hoy, son conscientes de que han quedado en manos de ella. Es que un fallo adverso abriría un conflicto de poderes que no sería el mejor escenario, teniendo en cuenta que el alto Tribunal tiene bajo la manga la consideración del fallo por la Coparticipación y una vieja causa sobre la integración y composición del Consejo de la Magistratura.
A esto se agrega la fuerte presión mediática, y de la opinión pública, que ayer volvió a expresarse en una protesta al caer la tarde frente al palacio de los tribunales. Son estos elementos de presión que los jueces de la Corte no minimizan.
Aun así, a estas horas, a cinco días del martes en que habrá un veredicto, nadie tiene la seguridad de hacia dónde caerá la taba. Todas son especulaciones. El juego de intereses está a la orden del día, con la versión que ganó la calle de una posible renuncia a la Presidencia del titular, si el resto del cuerpo no asume una posición más comprometida en favor de los jueces. La salida del Presidente está cantada. A partir de marzo habrá uno nuevo, pero el anticipar su salida quedando como ministro raso podría ser parte de una jugada en dos tiempos, cuya primera muestra fue la intempestiva convocatoria para el martes venidero, algo que los demás ministros -con excepción de Rosatti- desconocían.
Importa recordar que la facultad reglamentaria de convocar ha sido una de las pocas que le han dejado al Presidente a iniciativa del llamado «triunvirato peronista». El resto de las facultades fueron asumidas por el cuerpo, en el cual hasta ahora los tres jueces de origen justicialista parecían comandar hasta que la puja por el nuevo período presidencial vuelva a separar a los dos santafesinos (Lorenzetti y Rosatti).
Resolver sobre lo hecho
Es necesario recordar que en 2018, la misma Corte definió la acordada de abril, donde se explayó sobre la «colocación» (para entonces estratégica del macrismo) de los magistrados. En aquella oportunidad, tras nueve páginas de argumentación, la Corte concluyó -en la acordada del caso Bruglia (7/18)- que «no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución».
Ahora, Rosenkrantz remarcó: «La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados», los cuales no se presentaron a trabajar luego de lo sucedido en el Senado.
Un dato que arroja este antecedente expone que en aquella votación participaron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, el «ala peronista», tal como se los menciona en los corrillos. Y no participó Highton. Tampoco Rosenkrantz, que era ya presidente del Tribunal.