Por su parte, y pese a los cuestionamientos, el oficialismo en el Senado intenta acelerar el avance de la iniciativa.
Consenso Federal, el espacio político que lidera el economista y ex candidato a presidente Roberto Lavagna, adelantó este martes que no acompañará en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno.
«Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará», aseguró el diputado de ese espacio Alejandro «Topo» Rodríguez.
Insistes desde Consenso Federal que la «prioridad» del Gobierno debe ser acompañar a las pequeñas y medianas empresas para lograr «sostener empleos y crear trabajo».
«Hace pocos días ya lo había adelantado la diputada Graciela Camaño, de nuestro bloque, al sostener que la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; que semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla», agrega el comunicado.
Y suma: » Esa es y será la posición del Bloque Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación. La prioridad, en cambio, debe estar puesta en asuntos como el impulso a las Pymes de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva. Se sale creando trabajo; no se sale con ideas como la de superponer una renta básica universal a la iniciativa para invertir, crear trabajo y producir».
Para el espacio que conduce Lavagna, el país «necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento».
«Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo», concluye el texto.
Mientras tanto, y pocas horas después de la marcha del 17A en la que una de las consignas fue protestar contra la reforma judicial, más de 180 representantes de distintas organizaciones políticas, empresarias, sindicales, sociales, religiosas y ONGs pidieron «un debate con amplia participación ciudadana».
Por su parte, y pese a los cuestionamientos, el oficialismo en el Senado intenta acelerar el avance de la iniciativa.
Es que este martes el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia se reúne para escuchar a la última tanda de expositores, y el kircherismo buscará darle dictamen hoy mismo a la iniciativa aunque con modificaciones.
CLARÍN