La dirigente de CODIUNNE, Marisu Liwsky, valoró el reciente acuerdo alcanzado entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional, aunque advirtió que la recomposición salarial acordada está lejos de compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.
Según explicó, el conflicto tuvo como eje el incumplimiento de aspectos fundamentales contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario, entre ellos la actualización de salarios según la inflación, el incremento del presupuesto universitario y la actualización de las becas estudiantiles.
Tras las negociaciones, el Ejecutivo propuso una actualización del gasto de funcionamiento para las universidades, un aumento de las Becas Belgrano y una mejora salarial para trabajadores docentes y no docentes. En este último punto se acordó una suba cercana al 24%, distribuida entre junio y septiembre.
«Es una respuesta, pero no alcanza», señaló Liwsky, quien remarcó que la pérdida salarial acumulada desde 2024 supera ampliamente el porcentaje acordado.
No obstante, explicó que la decisión de firmar el acuerdo surgió de una consulta con los afiliados. «Nuestros compañeros nos dijeron que había que firmar para aliviar un poco el bolsillo y recuperar fuerzas para seguir reclamando», sostuvo.
La dirigente destacó además que las organizaciones sindicales rechazaron la condición planteada por el Gobierno de retirar las acciones judiciales vinculadas al financiamiento universitario, lo que permitió avanzar en una negociación formal sin abandonar los reclamos legales.
Finalmente, consideró que el acuerdo representa un alivio parcial para los trabajadores del sector y una oportunidad para retomar el debate sobre la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.