La referente del colectivo de discapacidad, Marcela Kriskovich, expresó su preocupación ante las modificaciones y posibles recortes vinculados al transporte y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, al asegurar que la situación “era algo que se veía venir”.
Kriskovich sostuvo que las medidas afectan derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en materia de accesibilidad al transporte público de corta y larga distancia.
“La accesibilidad no solamente permite asistir a actividades cotidianas, sino también a espacios de recreación y ocio. Todo esto golpea directamente el bolsillo de las personas con discapacidad”, señaló.
Además, alertó sobre un proyecto que analiza transferir a las provincias la responsabilidad del financiamiento del transporte y de las maestras integradoras, prestaciones que actualmente deben ser cubiertas por las obras sociales.
Según explicó, la iniciativa todavía no fue implementada, aunque ya se encuentra en estudio dentro de organismos nacionales vinculados al sistema de salud.
“La ley es clara y establece que el 100% debe hacerse cargo la obra social. Es inviable que cada jurisdicción provincial pueda afrontar semejante costo”, afirmó.
Kriskovich también hizo referencia a fallos judiciales existentes que intiman al Estado y a organismos nacionales a garantizar las prestaciones para personas con discapacidad, aunque advirtió que aún persisten incumplimientos.
En ese sentido, confirmó que existen posibilidades de avanzar por la vía judicial frente a nuevas vulneraciones de derechos, especialmente en relación al acceso al transporte y la cobertura integral de servicios.