La Corte Suprema de Justicia definió este jueves que el gobierno de Formosa debe permitir el ingreso de todos los ciudadanos que quieren viajar a esa provincia y que no podían hacerlo por el cierre de fronteras que impuso el gobernador Gildo Insfrán desde que surgió la pandemia del coronavirus.
En un duro escrito, la Corte sostiene que la perpetuación del bloqueo en las fronteras y las demoras en conceder los permisos para entrar a Formosa constituyen «limitaciones irrazonables a la autonomía personal».
«Habiendo transcurrido varios meses desde la puesta en práctica del ‘Programa de Ingreso Ordenado y Administrado’, no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido en la Constitución Nacional», dice el escrito.
La decisión, tomada por unanimidad con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton, debe ser cumplida en un plazo máximo de 15 días, y beneficiaría a más de 8.000 personas que quieren entrar a Formosa y que en muchos casos se encuentran varados en las rutas de acceso a esa provincia.
Según la información oficial que le giró Formosa a la Corte, en el marco del “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado” hubo 13.317 personas que pidieron entrar a la provincia. De esa cifra, hasta fines de octubre pudieron ingresar 5.795 personas, y quedaban 7.522 solicitudes pendientes de autorización. Siempre según los datos de la provincia, de esos «varados» 3.666 tienen domicilio en Formosa y 3.856 en otros distritos.
Los jueces de la Corte deliberaron sobre esa cuestión en el acuerdo de este último miércoles y firmaron el escrito este jueves por la tarde, según confirmaron fuentes del tribunal a Clarín.
El tribunal le ordenó a Formosa, según el escrito al que accedió Clarín, «que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles a partir del día de la fecha».
La Corte tomó el amparo que había presentado el abogado formoseño Carlos Roberto Lee y dictaminó que el gobierno de Insfrán debe permitir la llegada de los varados tomando las precauciones sanitarias que sean necesarias, pero no resolvió la cuestión de fondo, que implica determinar si es la justicia formoseña o los tribunales federales los que deben decidir sobre los recursos presentados por los ciudadanos afectados por el bloqueo a las fronteras provinciales.
La semana pasada, la oficina argentina de la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, le había enviado una carta a Rosenkrantz pidiendo que la Corte intervenga de manera urgente para destrabar una situación que violaba el derecho a la libre circulación y otros preceptos constitucionales.
Para la Corte, «la restricción de derechos en el marco de la aplicación de medidas» de restricción de la circulación «no resulta prima facie razonable en su aspecto temporal ni en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica» necesaria para hacerse los tests o para pagar el alojamiento para hacer la cuarentena.
Insfrán, que gobierna Formosa desde 1995 sin interrupciones, es uno de los principales aliados políticos del presidente Alberto Fernández y la Casa Rosada defendió una y otra vez el cierre de las fronteras provinciales diciendo que ese distrito tiene una de las menores cantidades de contagiados de COVID-19 en todo el país.
«Me pregunto, si estamos en una pandemia, ¿Qué derecho está por encima de todo en este momento? Para mí el derecho a la salud, a la vida, está por encima del derecho a la libre circulación», dijo la semana pasada el gobernador, con el mismo argumento que propone la Casa Rosada.